Los retos de la LOPIVI (Ley Orgánica 8/2021 ) en entornos educativos y de ocio plantean demandas cruciales en la protección integral de la infancia y la adolescencia. La implementación efectiva de la Ley Orgánica 8/2021 requiere un enfoque proactivo y un cumplimiento riguroso para garantizar un entorno seguro y propicio para el desarrollo de nuestros jóvenes.
En la última década, la violencia contra los menores, los trastornos de salud mental y las conductas suicidas se han incrementado de manera alarmante, representando un desafío crucial en nuestra sociedad. Este fenómeno, catalogado como «nueva pandemia» o «tsunami» en constante crecimiento, ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de abordar las problemáticas asociadas a esta nueva realidad de niños y adolescentes.
Estas preocupantes tendencias, que incluyen entre sus causas el acoso, el ciberbullying, delitos telemáticos… y otras múltiples formas de violencia, requieren una acción coordinada por parte de todos los implicados en la educación de nuestros menores de edad.
En este contexto, el entorno educativo se ha posicionado como un espacio crítico en la identificación y prevención de comportamientos nocivos entre los menores. El impacto negativo de la violencia y el acoso escolar se ha convertido en un desafío de gran relevancia, con un impacto directo en la salud emocional y psicológica de los estudiantes. Asimismo, el incremento del ciberacoso ha planteado nuevas formas de agresión y violencia que requieren una respuesta urgente y eficaz.
De manera paralela, el sistema educativo ha reconocido la necesidad de promover la salud mental entre los estudiantes, no solo enfocándose en el aprendizaje académico, sino también en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales.
En este sentido, la implementación de la figura del Coordinador de Bienestar y el Delegado de Protección, establecida por la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), ha adquirido una relevancia sin precedentes. Estas figuras son fundamentales en la adopción de medidas preventivas para abordar situaciones de abuso y violencia, así como en la detección temprana y la resolución eficiente de casos problemáticos.
A pesar de la importancia de estas medidas legislativas, es evidente que su implementación enfrenta numerosos desafíos y retos. Los retos de la LOPIVI no son pequeños. La falta de asignación de recursos y la ausencia de un compromiso y estructura pueden contribuir a dejar a los menores en una posición vulnerable. Se requiere una formación especializada, un enfoque proactivo y la dotación de medios, tanto por parte de la Administración como de las propias organizaciones que trabajan com menores, para la implementación de estas figuras, ya que la LOPIVI, además de ser de obligado cumplimiento debe transformarse en una realidad que respalde y proteja a la infancia y la adolescencia en todos los ámbitos de su vida.
La protección de nuestros menores es una tarea esencial y un reflejo de nuestra responsabilidad como sociedad. Debemos comprometernos de manera decisiva a salvaguardar su bienestar, su salud mental y su seguridad, establecer un entorno que fomente la empatía, el respeto y la protección integral de nuestros niños y adolescentes, proporcionándoles un camino seguro hacia un desarrollo saludable y equilibrado.
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