Autor: Civis Data

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Los ODS y un mundo en transformación

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en 2015 por Naciones Unidas como hoja de ruta hacia una humanidad más justa, ecológica e igualitaria, constituyen la mayor apuesta multilateral contemporánea por un proyecto compartido de futuro. Con sus 17 metas y 169 indicadores, la Agenda 2030 prometía aunar esfuerzos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar una vida digna para todas las personas.

Sin embargo, al avanzar hacia la recta final de su horizonte temporal, la pregunta no puede ser solo técnica o voluntarista: ¿cómo sostener semejante ambición ética y política cuando el mundo que habitamos se descompone aceleradamente ante nuestros ojos? Gaza, Ucrania, Cachemira, el colapso diplomático de Naciones Unidas, la impunidad global y el auge de proyectos autoritarios cuestionan no solo la viabilidad práctica de los ODS, sino su misma legitimidad como horizonte común.

Este artículo sostiene que los ODS siguen representando una arquitectura normativa valiosa, pero completamente insuficiente frente a la gravedad del momento actual. La desafección global hacia el proyecto no se debe a su contenido, sino a la fractura entre sus ideales y una realidad internacional dominada por la violencia, la hipocresía institucional, la parálisis de las grandes democracias y la polarización de la sociedad.  

Recuperar la credibilidad de los ODS exige abandonar el tono celebratorio y afrontar con crudeza las contradicciones del presente.

Situación geopolítica actual. Cuando el derecho internacional fracasa

La situación en la Franja de Gaza actualmente es insostenible en el orden internacional. Más de 52.000 personas han muerto, en su mayoría civiles, incluyendo miles de niños y niñas, según datos actualizados de la ONU y organizaciones humanitarias internacionales. La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre ellos el uso sistemático del hambre como arma bélica (New Yorker, 2025; Wikipedia, “ICC Arrest Warrants for Israeli Leaders”).

Israel ha bloqueado deliberadamente la entrada de ayuda humanitaria, medicamentos y combustible, agravando la hambruna y acelerando el colapso hospitalario. La ONU, UNICEF y la UNRWA han calificado la situación de los menores palestinos como “catastrófica y sin precedentes”, alertando de una generación entera marcada por la desnutrición severa, el trauma y la mutilación.

En este escenario, no se puede hablar de mera pasividad internacional. Estados Unidos no solo ha vetado sistemáticamente cualquier resolución de condena en el Consejo de Seguridad, sino que ha intensificado su apoyo militar a Israel y ha anunciado planes para incentivar la “reconstrucción” del sur de Gaza tras la expulsión de la población palestina, incluyendo zonas de uso turístico y logístico estratégico (Time, 2025; FT, 2025).

Mientras tanto, la Unión Europea mantiene una postura ambigua, con declaraciones formales de preocupación que contrastan con la continuidad de acuerdos económicos y militares con Israel.

Todo esto ocurre sin una respuesta efectiva de Naciones Unidas, cuya legitimidad está cada vez más erosionada por su incapacidad de frenar violaciones masivas del derecho internacional humanitario. En palabras del secretario general António Guterres: “El orden internacional basado en normas está al borde del colapso”.
Según la base de datos de conflictos armados UCDP y el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), el caso de Gaza representa una ruptura evidente de los mecanismos multilaterales de resolución. Autores como Michael Walzer han advertido en obras como *Just and Unjust Wars* que la legitimidad del derecho internacional depende de su aplicación universal, no selectiva.

La ofensiva sobre Gaza no es solo una tragedia humanitaria: está actuando como catalizador de una reconfiguración violenta del equilibrio regional. Desde octubre de 2024, los enfrentamientos entre Israel y grupos armados en Líbano, Siria y Yemen han escalado con intensidad, con bombardeos cruzados, asesinatos selectivos y ataques sobre infraestructuras civiles.

Estados como Irán y Turquía maniobran para consolidar su influencia regional, y los países del Golfo —especialmente Arabia Saudí y Catar— adoptan una ambigua posición de mediación interesada. Todo esto se produce mientras Estados Unidos redobla su despliegue militar en la región, tanto para proteger intereses estratégicos como para sostener a su aliado principal, Israel.

La ONU ha advertido del riesgo real de una escalada militar interestatal de consecuencias imprevisibles, que podría afectar también a Irak, Jordania y Egipto.

Además de la situación en la región, el escenario internaciones es profundamente desolador. La prolongación de la guerra en Ucrania y la reciente escalada entre India y Pakistán en la región de Cachemira revelan un escenario internacional donde el poder militar ha vuelto a ser la clave de las relaciones entre Estados.

El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, 2024) reporta un récord histórico en el gasto militar global, acompañado de un aumento de tensiones nucleares regionales. Esta lógica contraviene frontalmente los principios del ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), poniendo en evidencia la desconexión entre el ideal de paz global y la realidad estratégica de los Estados más poderosos.

En términos teóricos, el politólogo Barry Buzan sostiene que la proliferación de conflictos interestatales refleja una regresión hacia modelos westfalianos de soberanía armada. El aumento de doctrina realista en política exterior, analizado en *International Relations Theories* (Wendt, Waltz), pone en tensión la posibilidad misma de un marco cooperativo como el que los ODS requieren.

El colapso estructural de los ODS en la coyuntura actual

Aunque el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) es el más directamente vulnerado en el actual contexto bélico, la situación mundial actual refleja un deterioro global de toda la arquitectura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La desnutrición infantil, la destrucción de hospitales y escuelas, el colapso de servicios básicos y el desplazamiento forzado de millones de personas contravienen frontalmente los ODS 1 (fin de la pobreza), 2 (hambre cero), 3 (salud y bienestar), 4 (educación de calidad) y 6 (agua limpia y saneamiento).

A ello se suma la parálisis institucional internacional, que socava el ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos), y la pérdida de credibilidad de los mecanismos multilaterales que deberían garantizar la implementación de todos los demás.

Como advertía el Global Sustainable Development Report (2023), “la velocidad de las crisis supera la capacidad de reacción del sistema internacional”. Incluso la OCDE y la UNESCO han reconocido que la Agenda 2030 corre el riesgo de convertirse en “una narrativa inspiradora, pero operativamente estéril”.

Frente a esta realidad, insistir en la retórica celebratoria de los ODS sin confrontar los bloqueos políticos, económicos y militares que impiden su cumplimiento real solo alimenta el cinismo y la desafección ciudadana. El problema no es el contenido de los ODS, sino su instrumentalización como discurso sin estructura de poder coherente que lo sustente.

Desafección ciudadana y cinismo institucional

Mientras los discursos oficiales celebran avances en sostenibilidad o cooperación, ignorando la situación geopolítica en la aplicación efectiva de los mismos, amplios sectores sociales perciben los ODS como incapaces de afectar las dinámicas reales de desigualdad, violencia o degradación ecológica. Esta desafección se agrava cuando la élite política presume de progreso sostenible mientras mantiene políticas extractivistas, migratorias o bélicas opuestas al espíritu de la Agenda 2030.


Estudios del Real Instituto Elcano (2024) y del CIDOB alertan de que el lenguaje de los ODS ha sido capturado por élites institucionales sin generar políticas públicas transformadoras. Esto alimenta lo que Boaventura de Sousa Santos llama una ‘democracia sin ciudadanía’, donde los discursos progresistas coexisten con estructuras profundamente excluyentes.

El clima polarizado y la sombra de la conspiración

La desafección hacia los ODS no ha generado únicamente escepticismo razonable El avance político de partidos ultraderechistas en Europa, América y otras regiones del mundo representa un obstáculo directo para la implementación de los ODS. Estos movimientos no solo niegan componentes clave de la Agenda 2030 —como la justicia climática, la igualdad de género o los derechos migratorios—, sino que presentan la sostenibilidad como una imposición ideológica “globalista” contraria a la soberanía nacional.

En países como Italia (Meloni), Argentina (Milei), Hungría (Orbán) o incluso Alemania (AfD), los programas de gobierno han eliminado referencias explícitas a los ODS y han desmantelado políticas alineadas con ellos, desde la cooperación internacional hasta la educación ambiental (CIDOB, 2024; European Parliamentary Research Service, 2023).

Este rechazo no es solo político, sino discursivo: la Agenda 2030 ha sido objeto de campañas de desinformación, acusaciones conspirativas y discursos de odio, lo que ha generado una desafección creciente incluso en sectores moderados. Aunque estas posturas no tienen base académica, científica, ni respaldo institucional, su difusión en redes sociales y medios alternativos muestra el grado de polarización que rodea ya incluso a los consensos mínimos en derechos humanos. Como ha señalado el Real Instituto Elcano en su informe de 2024, el negacionismo climático, el antifeminismo militante y el autoritarismo discursivo se alimentan mutuamente para erosionar toda aspiración de justicia global. Frente a ello, defender los ODS ya no es solo una tarea técnica o diplomática: es una posición política frente a una ofensiva reaccionaria global.

La viabilidad de los ODS en un contexto de crisis sistémica

Se podría interpretar que la forma de rescatar los ODS de su deriva simbólica sería reenfocarlos políticamente desde tres ejes: coherencia ética, fiscalización real y protagonismo ciudadano. Pero afirmar esto sin reservas sería ingenuo. Porque la pregunta real no es qué habría que hacer, sino si existe voluntad real de hacerlo en un mundo que ni siquiera es capaz de detener un genocidio retransmitido en directo.

En el plano educativo, la UNESCO ha impulsado la Educación para el Desarrollo Sostenible, pero según su informe de 2023, solo el 32 % de los currículos escolares incorpora los ODS de forma transversal. A nivel institucional, más del 60 % de los países carece de estructuras de gobernanza interministerial funcional para implementarlos (Global Sustainable Development Report, 2023). La mayoría de Estados ha presentado Informes Nacionales Voluntarios ante la ONU, pero estos documentos —sin mecanismos vinculantes ni auditorías externas— suelen limitarse a una narrativa complaciente.

Y en el plano participativo, iniciativas como las auditorías ciudadanas, los presupuestos sostenibles o los foros multiactor siguen siendo marginales, fragmentarios o cosméticos. El sistema internacional carece de instrumentos eficaces para obligar a más de 190 países a cumplir compromisos tan ambiciosos, y esa es la raíz del problema. Como ya ha demostrado la inacción ante el genocidio en Gaza, el derecho internacional ha sido desbordado por la lógica de fuerza, el chantaje geopolítico y la impunidad de las potencias.

La única vía imaginable para rescatar la Agenda 2030 sería la presión política sostenida desde abajo como una exigencia radical de coherencia ante la violencia estructural del mundo actual. Sin embargo, incluso esa vía está profundamente comprometida: la polarización social, la fragmentación ideológica y la desinformación sistemática hacen casi imposible construir mayorías críticas amplias que se enfrenten al poder sin fracturarse a sí mismas. En este clima, incluso las mejores agendas pueden volverse inservibles.

En Civis Data consideramos que los ODS no han fracasado por exceso de idealismo, sino por ausencia de compromiso político real. La Agenda 2030 puede seguir siendo un horizonte útil, pero solo si se la rescata del lenguaje diplomático vacío y se la somete al juicio crítico de quienes viven las consecuencias de su incumplimiento.

En un mundo donde la impunidad es global, las instituciones fallan y la violencia vuelve a ser legitimada, no bastan declaraciones bienintencionadas. Como advertía Susan Neiman: “Una sociedad sin ideales termina despreciando incluso sus aspiraciones más nobles”.

En ese abismo creciente entre el discurso utópico y la práctica destructiva, el escepticismo no es cinismo: es una forma de lucidez política. No se puede construir un mundo justo sobre los escombros del silencio ante la barbarie. La cuestión no es si los ODS son válidos, sino si estamos dispuestos a convertirlos en algo más que una promesa rota. Si no hay una movilización activa, valiente y transversal, los ODS no fracasarán por imposibles, sino porque el mundo ha renunciado a merecerlos.

  • Amartya Sen – Desarrollo y libertad (1999)
  • Susan Neiman – Left Is Not Woke (2023)
  • Thomas Pogge – World Poverty and Human Rights (2002)
  • Michael Walzer – Just and Unjust Wars (2015 ed.)
  • Boaventura de Sousa Santos – La cruel pedagogía del virus (2020)
  • Parag Khanna – The Future Is Asian (2019)
  • Barry Buzan & Ole Wæver – Regions and Powers: The Structure of International Security (2003)
  • Paloma Llaneza – Datanomics. La soberanía del dato 

 

  • Global Sustainable Development Report (ONU, 2023)
  • UNESCO – Educación para el Desarrollo Sostenible
  • UNICEF – Situación de la infancia en Gaza (2024–2025)
  • OHCHR / ONU Derechos Humanos – Reportes sobre Gaza y crímenes de guerra
  • Corte Penal Internacional – Órdenes de arresto (Netanyahu, Gallant, 2025)
  • OCDE – Gobernanza para el desarrollo sostenible (2023)
  • Real Instituto Elcano – Análisis sobre Agenda 2030 y geopolítica (2024–2025)
  • CIDOB – Informes sobre ODS, polarización y sostenibilidad global (2023–2025)
  • Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) – Informes de seguridad internacional
  • International Crisis Group – Middle East & Gaza updates
  • UNRWA – Reportes sobre situación humanitaria en Palestina
  • Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF)

 

  • The New Yorker – Entrevistas y análisis sobre Gaza y derecho internacional
  • AP News / Associated Press – Actualización constante de cifras y bombardeos
  • The Guardian – Reportes y análisis sobre Oriente Medio, ODS y conflicto global
  • Financial Times (FT) – Cobertura crítica de la agenda geoeconómica 2025
  • Time Magazine – Artículos sobre Trump, geopolítica y reconstrucción de Gaza
  • El País / El Mundo / Cadena SER – Opinión y seguimiento europeo sobre Gaza y UE
  • BBC World News – Reportajes verificados sobre crímenes de guerra y geopolítica
  • El Orden Mundial – Mapas y análisis para jóvenes politólogos, excelente divulgación

 

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Clima, desigualdad y polarización política

Aunque el cambio climático es una amenaza global, su gestión política actual ha generado respuestas desiguales, elitistas y polarizadas. La izquierda lo asume como causa moral, mientras la ultraderecha lo rechaza como parte del ‘globalismo’. La clave está en democratizar la transición ecológica sin caer en discursos excluyentes ni tecnocráticos.

Del consenso científico a la polarización ideológica

Durante los años 80 y 90, el cambio climático se abordaba desde un marco científico compartido por la mayoría de los gobiernos, reflejado en eventos como la Cumbre de Río (1992) o el Protocolo de Kioto (1997). Sin embargo, desde los años 2000, el debate se ideologizó. Naomi Oreskes y Erik M. Conway han documentado cómo ciertos sectores promovieron el negacionismo deliberado para proteger intereses económicos: “Una pequeña red de científicos ha engañado al público y ha retrasado la acción durante décadas” (*Merchants of Doubt*, 2010). Hoy el clima es una bandera de la nueva izquierda y un enemigo para muchos discursos de ultraderecha, como recoge el informe 2023 de la Fundación Alternativas sobre desinformación climática en redes sociales.

– La izquierda ha adoptado una narrativa de emergencia, moral y de urgencia.
– La ultraderecha lo presenta como excusa del globalismo, rechazando los ODS, la Agenda 2030 y culpando a las élites urbanas.

Dos ejemplos actuales que nos sirven de paradigma:

Ideología, religión y confrontación – Laudato Si’

En 2015, el Papa Francisco publicó la encíclica *Laudato si’*, un documento histórico en el que llamaba a una ‘conversión ecológica’ y denunciaba el modelo económico que destruye el medio ambiente y margina a los pobres.

Su postura ha sido aplaudida por ecologistas y movimientos sociales, pero ha generado rechazo en sectores conservadores de la Iglesia, que lo acusan de politizar su mensaje y acercarse a la izquierda. El obispo estadounidense Thomas Tobin la calificó como “intervención imprudente en política económica” (The Tablet, 2016).

Según Vatican News, la encíclica ha sido uno de los documentos más debatidos en la curia en los últimos 30 años.

 Este caso demuestra que el cambio climático divide incluso a instituciones tradicionalmente unificadas, como la Iglesia Católica, y refuerza la idea de que el ecologismo se ha convertido en uno de los principales campos de batalla ideológica del siglo XXI.

El apagón español y la manipulación del discurso

En abril de 2025, un fallo masivo en la red eléctrica española dejó sin suministro a varias provincias. A pesar de tratarse inicialmente de una crisis técnica, la reacción política fue inmediata: líderes de la derecha culparon al ‘fanatismo verde’, mientras la izquierda denunció sabotajes e infrafinanciación (El País, 4/04/2025; El Confidencial, 6/04/2025). La desinformación se multiplicó en redes sociales según Greenpeace y Maldita.es. Como advirtió el ecologista Carlos Bravo en Público (8/04/2025): “La verdad no puede depender del algoritmo ni del color del gobierno”.

Mientras sectores progresistas alertan sobre la fragilidad del modelo energético y exigen transición urgente, líderes de ultraderecha (Vox y afines) difunden teorías de sabotaje, critican los fondos verdes y vinculan el apagón a una supuesta ‘agenda ecototalitaria’.

Este caso muestra cómo incluso las crisis técnicas se convierten en trincheras políticas.

El riesgo de una transición verde sin justicia social: élites verdes y desafección

Las soluciones propuestas a la crisis climática suelen ignorar la desigualdad estructural. El economista Lucas Chancel advierte en *Unsustainable Inequalities* (Harvard, 2020): “Sin justicia social, la transición ecológica será percibida como un nuevo privilegio de los ricos”.

Oxfam alertó en su informe de 2023: “El 1% más rico del planeta emite más del doble que el 50% más pobre”.

Sin embargo, muchas políticas verdes penalizan a las clases trabajadoras: tasas al diésel, restricciones de calefacción o dietas impuestas, mientras las élites viajan en jets o invierten en fondos ESG lucrativos (DiEM25, marzo 2024). En este sentido:

  • Políticas como zonas de bajas emisiones o subida de carburantes afectan más a clases populares.
  • El discurso verde institucional puede parecer moralista o desconectado del día a día.
  • Alternativas reales: ecología popular, transición justa, energía pública y democrática.

Consideramos en Civis Data que la lucha contra el cambio climático no puede seguir siendo una cuestión atrapada entre banderas ideológicas, tecnocracia desconectada y gestos simbólicos. No bastan los informes científicos ni los eslóganes de campaña: sin un nuevo pacto social que una justicia ambiental con justicia económica, el discurso verde será visto por muchos como una imposición de élites que no predican con el ejemplo. Mientras unos convierten el colapso climático en una batalla cultural, otros lo convierten en una oportunidad de negocio. Y en ese cruce de intereses y ficciones, el ciudadano medio —el que paga la factura energética, recicla por responsabilidad y escucha versiones opuestas cada día— queda desorientado, desmotivado y, lo más grave, desmovilizado.

Si el ecologismo quiere sobrevivir políticamente, debe recuperar el terreno de lo común: construir confianza, hablar claro, proteger sin imponer y actuar con coherencia. El futuro no puede depender de quién gana un tuit ni de si un apagón favorece a un partido. Solo recuperando la verdad como punto de encuentro —no de disputa— será posible transformar el miedo en acción compartida. Porque el clima no entiende de fronteras ni de ideologías, pero sí sufre las consecuencias de nuestra incapacidad para unirnos.

No podemos permitir que una cuestión ética y científicamente urgente quede atrapada en luchas ideológicas y partidistas que retrasan la acción necesaria. La emergencia climática no admite dilaciones ni excusas: es una responsabilidad intergeneracional que exige altura política, honestidad intelectual y voluntad de cooperación global.

 

– CIDOB: justicia climática y gobernanza verde.

– El Orden Mundial: artículos sobre clima y política.

– Naomi Klein: *Esto lo cambia todo*.

– Michael Shellenberger: *Apocalypse Never* (crítica desde el centro-derecha).

– Noticias recientes sobre el apagón de abril 2025 en España (El País, El Mundo, La Vanguardia).

– Encíclica *Laudato si’* (2015), Papa Francisco. Disponible en la web del Vaticano.

 

 

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El tablero geopolítico multipolar en 2025

Desde  el final de la Guerra Fría, la política internacional ha estado dominada por un modelo de hegemonía occidental que combinaba poder económico, superioridad tecnológica y liderazgo institucional. Sin embargo, en 2025, ese orden liberal muestra signos evidentes de agotamiento. El ascenso de China, el resurgimiento de nacionalismos, la fragmentación de Europa y la expansión de nuevos polos de poder han inaugurado un mundo multipolar sin árbitros claros ni reglas compartidas. Este ensayo analiza los principales focos de tensión y reconfiguración del poder global, así como sus implicaciones para la estabilidad y la gobernanza internacional.

El orden internacional basado en la hegemonía occidental ha entrado en crisis. La invasión de Ucrania, el ascenso de China, la fractura de la Unión Europea, los conflictos en Oriente Medio y la expansión de los BRICS muestran que el mundo multipolar ya no es un escenario futuro, sino una realidad presente. Esta nueva geopolítica redefine alianzas, desafía las instituciones tradicionales y multiplica los focos de tensión sin un árbitro global claro.

 Estados Unidos con Trump: aislacionismo y polarización global

Con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, Estados Unidos ha profundizado su giro aislacionista. La imposición de aranceles del 100% a productos estratégicos y la retirada de apoyos a organismos multilaterales han roto con décadas de diplomacia liberal. Como señala el Council on Foreign Relations, ‘la nueva administración ha sustituido el liderazgo global por la lógica de transacción bilateral’.

Esta política se ve reflejada en la presión a aliados europeos para aumentar su gasto militar y en la normalización de un lenguaje confrontativo incluso con socios históricos. El enfoque de Trump no es una anomalía: forma parte de un ciclo más amplio donde líderes como Javier Milei, Giorgia Meloni o AfD en Alemania promueven un discurso soberanista y antiglobalista. Parag Khanna advierte en *The Future is Asian* que ‘el nuevo orden será definido no por valores comunes, sino por la capacidad de cada potencia para resistir la interdependencia’.

Europa debilitada y dividida

La Unión Europea ha demostrado una profunda incapacidad para construir una política exterior común frente a los desafíos de Ucrania, Gaza o el Indo-Pacífico. Las fisuras entre Alemania, Polonia, Italia y Hungría han bloqueado posiciones unificadas. El Real Instituto Elcano señala que ‘la UE sigue siendo una potencia normativa, pero no estratégica’.

El euroescepticismo crece incluso en el seno de gobiernos que se benefician de los fondos europeos. Las críticas a la OTAN y el cuestionamiento del liderazgo alemán en el plano económico agravan la percepción de una Europa sin rumbo. Mark Leonard, en *The Age of Unpeace*, concluye: “Europa habla de unidad, pero negocia en solitario”.

BRICS y China: ascenso sin freno

Con la incorporación de Irán, Arabia Saudí, Egipto y Argentina, los BRICS han ampliado su capacidad de influencia global. Más allá del simbolismo, se están gestando alternativas reales al sistema financiero dominado por el dólar. CIDOB destaca que ‘la estrategia china no busca confrontar, sino sustituir discretamente los pilares de la hegemonía occidental’.

China ha reforzado su presencia en África y América Latina mediante inversiones masivas en infraestructuras, como parte de su Iniciativa de la Franja y la Ruta. Zbigniew Brzezinski ya anticipó en *El gran tablero mundial* que ‘la potencia que logre dominar Eurasia tendrá la llave del poder global’.

Oriente Medio: fractura permanente

La ofensiva israelí en Gaza tras el atentado de octubre de 2024 ha sumido a la región en una espiral de violencia sin precedentes desde 2014. Turquía, Irán y Arabia Saudí pugnan por el liderazgo islámico, mientras EE.UU. pierde capacidad de mediación. El Instituto Español de Estudios Estratégicos subraya que ‘el conflicto israelí-palestino ya no es bilateral: se ha convertido en nodo regional de inestabilidad’.

Mientras tanto, la ONU se ve debilitada por los vetos cruzados en el Consejo de Seguridad y la falta de capacidad para imponer un alto el fuego duradero. La política internacional se reorganiza sin un consenso mínimo sobre lo que constituye una intervención legítima.

Guerra India-Pakistán: el gran riesgo ignorado

La escalada en Cachemira, con atentados y represalias en 2025, ha devuelto al sur de Asia al primer plano del riesgo nuclear. La retórica beligerante de Nueva Delhi y Islamabad ha sido amplificada por redes sociales y medios estatales. China ha expresado su respaldo diplomático a Pakistán, mientras EE.UU. reitera su alianza estratégica con India. El Orden Mundial advierte: ‘el conflicto indo-pakistaní no ocupa titulares, pero es el más cercano a un cruce nuclear real’.

El orden multipolar: ¿realidad o narrativa?

Aunque el discurso multipolar gana fuerza, siguen existiendo dependencias estructurales del sistema occidental: el dólar, la OTAN, Silicon Valley. Sin embargo, el reparto de poder efectivo ya no es unipolar. Actores regionales como Turquía, Irán o Arabia Saudí, junto con China, India y Rusia, influyen en múltiples regiones sin coordinación global.

Parag Khanna sostiene: “Ya no existe una cumbre central del poder global: estamos en una red sin centro”. El principal riesgo es que, sin reglas claras ni árbitros reconocidos, los conflictos se multipliquen por malentendidos, provocaciones o vacíos de poder.

En definitiva, consideramos en Civis Data que el mundo ya no gira en torno a un liderazgo único ni a un consenso liberal internacional. La multipolaridad es una realidad operativa, aunque aún incompleta. Sin un orden compartido ni instituciones eficaces para gestionar el conflicto, lo que se impone es la lógica de la competición permanente. La gran pregunta ya no es si Occidente perderá su hegemonía, sino si el sistema global podrá sostener la paz sin un árbitro legítimo y sin reglas comunes. Como escribió Zbigniew Brzezinski: ‘el caos no necesita planificación, solo negligencia’.

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IA: PODER, DEMOCRACIA Y DESIGUALDAD EN EL CAMBIO DE ERA

La IA no es una herramienta técnica más: representa una transformación estructural en las relaciones de poder, el ejercicio de la soberanía y el funcionamiento de las democracias contemporáneas. Como ha señalado Yuval Noah Harari, ‘la IA está redistribuyendo el poder como lo hizo la imprenta, pero a un ritmo incomparablemente más rápido’. Este ensayo analiza los cuatro ejes fundamentales del impacto político de la IA en 2025: el futuro del trabajo y la desigualdad, la democracia y el discurso público, el poder del Estado y la vigilancia, y la geopolítica de los algoritmos. [Harari, 2018]

La inteligencia artificial no solo automatiza procesos: redefine quién tiene el poder de decidir, vigilar, producir conocimiento y distribuir riqueza. Su impacto ya no es hipotético ni exclusivamente técnico. En un contexto de polarización, crisis del trabajo tradicional y debilitamiento institucional, la IA se ha convertido en un campo de batalla para el futuro político de las sociedades.

I. IA, trabajo y desigualdad: ¿progreso o fractura?

El impacto de la IA sobre el empleo no afecta solo a trabajos manuales. Profesiones como traducción, diseño gráfico, educación o análisis legal ya están siendo transformadas radicalmente. La OCDE advierte que más del 30% de los empleos podrían automatizarse antes de 2030. Daron Acemoglu, en *Power and Progress* (2023), señala: “La tecnología no garantiza prosperidad. Depende de quién la controle y con qué incentivos”.  [OCDE, 2024]

El argumento favorable sostiene que la IA liberará a los trabajadores de tareas repetitivas, permitiendo una economía basada en la creatividad. Sin embargo, sin políticas redistributivas, este modelo agudiza la desigualdad. Las ganancias de productividad están concentradas en manos de grandes tecnológicas, mientras millones de trabajadores carecen de redes de protección adecuadas. La propuesta de una renta básica universal resurge como posible solución, pero enfrenta objeciones sobre financiación y efectos desincentivadores.

Mi enfoque defiende que el problema no es la IA en sí, sino su despliegue sin justicia fiscal ni control democrático. La IA puede ser emancipadora solo si las ganancias tecnológicas se reparten equitativamente. Como plantea Lucas Chancel en *Unsustainable Inequalities*, ‘la transición digital no será aceptada si no es también una transición justa’. [Chancel, 2020]

II. IA y democracia: desinformación, discurso y poder simbólico

El uso de IA generativa para manipular información, crear deepfakes y microdirigir mensajes ha transformado las campañas políticas. Shoshana Zuboff, en *The Age of Surveillance Capitalism*, advierte: “Estamos ante una mutación del poder que opera en la sombra del consentimiento”.  [Zuboff, 2019]

Quienes defienden el uso de IA en comunicación argumentan que personaliza el mensaje político y mejora la eficiencia. Pero la fragmentación del discurso público debilita el espacio deliberativo común. Candidatos pueden adaptar su discurso a cada segmento del electorado sin contradicción aparente, lo que mina la rendición de cuentas.

Plataformas como TikTok y X (antes Twitter) están diseñadas para maximizar el engagement emocional. Según el European Digital Media Observatory (2024), las noticias falsas con IA se comparten 70% más que las reales. En este contexto, el problema ya no es la censura, sino la intoxicación informativa. El reto no es proteger a la IA del Estado, sino proteger a la democracia del caos algorítmico. [EDMO, 2024]

III. IA, vigilancia y soberanía estatal

La IA está reconfigurando las capacidades de vigilancia y gestión del Estado. Desde el reconocimiento facial hasta el análisis predictivo de comportamientos, los gobiernos acceden a niveles inéditos de control. En China, el ‘sistema de crédito social’ usa IA para evaluar la fiabilidad del ciudadano. En Francia, la policía ya ha experimentado con algoritmos predictivos. Según Human Rights Watch, ‘el riesgo es la normalización de un estado de excepción digital’.  [HRW, 2024]

Los defensores argumentan que estas herramientas permiten mayor eficacia en la seguridad y la gestión de servicios. Sin embargo, sin transparencia, supervisión judicial y participación pública, estos sistemas erosionan el Estado de Derecho.

Paloma Llaneza, en *Datanomics*, sostiene que ‘la tecnología no es neutral: es ideología encapsulada en software’. El uso de IA sin garantías puede generar una biopolítica automatizada donde los derechos se gestionan algorítmicamente. Mi posición es clara: ningún Estado debe tener más poder que el control democrático que los ciudadanos pueden ejercer sobre él, y eso incluye los sistemas inteligentes. [Llaneza, 2020]

IV. IA y geopolítica: competición sin reglas

La IA es ya un vector de poder internacional. EE.UU. y China compiten por el liderazgo en chips, modelos fundacionales y gobernanza digital. Europa, India y Rusia intentan posicionarse con regulaciones o soberanía tecnológica. Según el Instituto Elcano, ‘la carrera por la IA es la carrera por el poder del siglo XXI’.  [Real Instituto Elcano, 2025]

Los defensores de un mundo multipolar argumentan que la competencia tecnológica evitará hegemonías abusivas. Pero la ausencia de marcos internacionales sólidos multiplica el riesgo de espionaje, ciberataques y conflictos normativos.

El Foro de Davos ha propuesto pactos de interoperabilidad ética entre países, pero no tienen carácter vinculante. El peligro real es un mundo donde los algoritmos se conviertan en armas de influencia geopolítica. Como advierte Harari: ‘Si no se regulan, los algoritmos conocerán mejor a los ciudadanos que sus propios gobiernos’. Mi enfoque defiende una gobernanza algorítmica multilateral, con estándares comunes y participación de países del Sur Global, para evitar una colonización digital encubierta.[Harari, 2018]

En Civis Data pensamos que La inteligencia artificial no es un fenómeno neutral ni inevitable. Es un campo de disputa política que exige regulación democrática, justicia redistributiva y control ciudadano. De lo contrario, el riesgo es doble: profundizar las desigualdades existentes y consolidar un modelo de poder opaco y no electo. El reto no es solo técnico, sino profundamente político: decidir si queremos una sociedad dirigida por códigos o gobernada por principios. Como afirmó Étienne Balibar, “la política empieza cuando se discute quién tiene derecho a decidir”. Esa discusión, en tiempos de inteligencia artificial, es más urgente que nunca.

 

Yuval Noah Harari, *21 lecciones para el siglo XXI*, Debate, 2018. → “En una era de algoritmos, la libertad dependerá de nuestra capacidad para comprender cómo se programan los sistemas que deciden por nosotros.” [Harari, 2018]

Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism*, PublicAffairs, 2019. → “La lógica del capitalismo de vigilancia es incompatible con una democracia basada en la deliberación.” [Zuboff, 2019]

Paloma Llaneza, *Datanomics*, Deusto, 2020. → “El poder digital no necesita represión: le basta con ofrecernos comodidad personalizada.” [Llaneza, 2020]

Daron Acemoglu y Simon Johnson, *Power and Progress*, Basic Books, 2023. → “Toda tecnología puede fortalecer el autoritarismo si no se inserta en un marco institucional democrático.” [Acemoglu & Johnson, 2023]

Fundación Cotec – Informes sobre IA y desigualdad en España (2023–2024).

European AI Act (2024), Parlamento Europeo. – Régimen normativo sobre IA de alto riesgo, gobernanza y derechos fundamentales.

Future of Life Institute – Declaraciones firmadas por Elon Musk, Geoffrey Hinton y Yuval Harari sobre el riesgo de IA descontrolada. [Harari, 2018]

Real Instituto Elcano – Dossieres sobre soberanía digital, gobernanza tecnológica y diplomacia algorítmica (2023–2025). [Real Instituto Elcano, 2025]

Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) – Evaluaciones sobre IA en defensa, seguridad y geopolítica digital.

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La nueva cara del racismo

El racismo ha dejado de expresarse en términos biológicos para adquirir formas más sutiles y aceptables socialmente.

En la Europa del siglo XXI, el rechazo al otro ya no se justifica abiertamente por su color de piel, sino por su supuesta amenaza cultural, económica o de seguridad. Frases como “yo no soy racista, pero…” se han vuelto habituales en el discurso público, mientras las políticas migratorias, los medios de comunicación y ciertos sectores políticos refuerzan la exclusión de colectivos racializados.

Este artículo analiza cómo se articulan hoy estas nuevas formas de racismo, cuáles son sus consecuencias sociales y qué respuestas democráticas podrían contrarrestarlas.

EN CIVIS DATA pensamos que el racismo actual no desapareció: se transformó en discurso legitimado. Aparece disfrazado de preocupación por la seguridad, la protección cultural o incluso los derechos de las mujeres. 

Este nuevo racismo es funcional al sistema y ha atrapado incluso a sectores obreros y populares. Reconocerlo es el primer paso para desmontar sus mecanismos y construir una sociedad democrática inclusiva.

Raíces históricas: del colonialismo a la racialización moderna

La organización colonial impuso jerarquías raciales globales. La esclavitud, la evangelización forzada y la dominación europea sentaron las bases del racismo moderno.

Hoy, muchas estructuras de desigualdad aún reflejan ese legado, aunque se exprese con nuevas palabras.

Como señala Frantz Fanon: “El colonialismo no se contenta con imponer su ley al pueblo colonizado. También quiere su alma.”

Fanon, *Los condenados de la tierra*; Paul Gilroy, *El Atlántico negro*; UNESCO –*Teaching Transatlantic Slavery*.

Racismo funcional: cómo se disfraza el rechazo

El racismo ya no se dice: se insinúa. La preocupación por “la seguridad”, “los valores europeos” o “la integración” suele ocultar una exclusión racial.

La frase “yo no soy racista, pero…” introduce una crítica que normaliza el prejuicio.

Susan Neiman advierte que “la nueva derecha no se presenta como racista, sino como realista. Pero su realismo no se basa en datos, sino en estereotipos.

(Neiman, *Left is not woke*; Fundación PorCausa, *Informe sobre discursos de odio 2024*)

Migración, clase obrera y la narrativa del miedo

En muchos barrios obreros europeos, el discurso antiinmigración ha calado porque conecta con problemas reales: desempleo, precariedad, vivienda. Pero la solución que ofrece la ultraderecha no resuelve nada: señala a los migrantes como culpables y oculta la responsabilidad del sistema económico.

Didier Eribon reflexiona: “La extrema derecha ha sabido apropiarse del lenguaje del resentimiento que la izquierda abandonó.”

(Eribon, *Regreso a Reims*; Owen Jones, *Chavs*;Fundación Rosa Luxemburg)

El uso racista de los derechos de las mujeres

Actualmente, se instrumentaliza la defensa de las mujeres para señalar a los migrantes como amenaza sexual. Las violaciones cometidas por extranjeros se convierten en arma política, mientras se silencian las cometidas por nacionales.

Rita Segato lo denuncia con claridad: “El racismo usa el cuerpo de las mujeres como campo simbólico de disputa.”

(Segato, *La guerra contra las mujeres*; Médicos del Mundo;Fundación PorCausa)

El discurso de las ‘paguitas’, el ‘efecto llamada’ y los MENAs

La ultraderecha ha convertido falacias en verdades aceptadas: los migrantes reciben ayudas desproporcionadas, vienen a aprovecharse, delinquen más.

Los menores no acompañados (MENAs) han sido deshumanizados, convertidos en amenaza en lugar de víctimas.

Según datos del Ministerio de Inclusión, solo un 0,3% del gasto en protección social se destina a extranjeros no comunitarios.

Observatorio de Racismo y Xenofobia (OBERAXE);CEAR;Save the Children.

La frontera y la guerra: racismo institucional global

Las deportaciones masivas en algunos países  y la violencia en Gaza muestran cómo el racismo también estructura la política exterior. Las víctimas racializadas valen menos en los medios, en el duelo, en la justicia.

Como denuncia Human Rights Watch: “Se ha normalizado un sistema de apartheid territorial y étnico.”

HRW, informes sobre Palestina (2023–2025); Amnistía Internacional; Naciones Unidas.

Propuestas para una sociedad antirracista

Visibilizar la diversidad no basta: hace falta justicia material, participación real y políticas públicas inclusivas.

La integración requiere recursos, educación intercultural, acceso igualitario a derechos y un cambio en el relato colectivo.

Como afirma Achille Mbembe: “La cuestión no es si Europa será diversa, sino si sabrá serlo sin violencia.”

 Mbembe, *Política de la enemistad*; CEAR; Fundación PorCausa.

 El racismo no es un error del pasado, sino una forma de ordenar el presente. Disfrazado de prudencia, feminismo o legalidad, sigue dividiendo a la sociedad, culpando al débil y premiando al fuerte. La lucha antirracista no puede limitarse al lenguaje: debe ser estructural, transversal y política.

Reconocer el nuevo rostro del racismo es el primer paso para desmontar el orden que lo legitima.

 

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El nuevo discurso identitario

El movimiento LGTBIQ+ ha pasado en pocas décadas de exigir el reconocimiento de derechos básicos, como la despenalización de la homosexualidad o el matrimonio igualitario, a plantear debates profundos sobre identidad, cuerpo, lenguaje y pertenencia. El eje central ya no es solo la orientación sexual, sino la identidad de género y su expresión pública. Este ensayo explora esa evolución, los avances logrados, las tensiones internas y externas, y el surgimiento de una desafección creciente en sectores de la sociedad y la

El avance del movimiento LGTBIQ+ hacia formas más complejas de reivindicación identitaria ha sido clave para ampliar derechos y reconocimiento. Sin embargo, la falta de diálogo con el conjunto de la sociedad y la dificultad de integrar estos discursos en un marco común de ciudadanía están generando polarización y desafección, incluso dentro de sectores progresistas.

En las décadas de 1970-2000, el foco estaba en la despenalización de la homosexualidad, el acceso al matrimonio y la igualdad legal (España: Ley 13/2005), pero a partir de 2010, surgen nuevas reivindicaciones centradas en la identidad de género, la expresión no binaria y el reconocimiento de experiencias fuera del binarismo clásico. Actualmente se reconocen identidades como género fluido, agénero, demiboy, bigénero o género no conforme.
(Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE); ILGA Europe; Ministerio de Igualdad (España).

La Ley 4/2023 de Igualdad de las personas trans en España introdujo el derecho a la autodeterminación de género desde los 16 años (y en algunos casos desde los 14). Esta Ley ha generado controversia tanto por parte de feministas críticas (Valcárcel, Falcón) como en sectores jurídicos que temen usos abusivos. A su vez, ha sido celebrada como un hito por colectivos trans. Mar Cambrollé. “Por fin tenemos un derecho sin ser patologizadas”,
(BOE, Ley 4/2023; El País; Fundación Triángulo; Observatorio Estatal LGTBIQ+.)

Partimos del problema de que parte de la población percibe estas reivindicaciones como ajenas, elitistas o excesivamente complejas. Actualmente vienen popularizándose discursos del tipo “cada día hay un género nuevo” o “no se puede hablar sin ofender”.

Dice Lucas Platero que “La pluralidad identitaria sin pedagogía se convierte en ruido”, y pensamos que no le falta razón.

Esta desconexión se refleja en la caída del apoyo social a ciertas medidas o la banalización del debate: casos reales de hombres cambiando su sexo registral como provocación política ( CIS (2023); Fundación FOESSA; artículos en El Confidencial, La Vanguardia, Público)


Incluso dentro del movimiento LGTBIQ+ existen críticas internas que acusan a algunas corrientes queer de elitismo teórico o de centrarse en debates simbólicos alejados de la realidad cotidiana. Otros sectores denuncian que el movimiento LGTBIQ+ está cada vez más captado por instituciones y marcas (pinkwashing) Bell Hooks, *Ain’t I a Woman?*; Paul B. Preciado; Fundación Rosa Luxemburgo.

Particularmente elocuente y descriptivo es la afirmación de Joaquin Álvarez, activista rural. “No es lo mismo ser gay en Malasaña que serlo en una aldea de Extremadura”

El avance en derechos LGTBIQ+ ha sido un logro democrático esencial. Pero su consolidación requiere más diálogo social, pedagogía cultural y puentes entre los discursos identitarios y los problemas materiales de la mayoría. Reducir la complejidad identitaria a caricaturas o provocaciones solo agrava la polarización. El reto político es integrar la diversidad dentro de un proyecto común de ciudadanía, sin renunciar a la riqueza de las diferencias ni a la claridad de lo universal.

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Libertad de expresión vs cultura de la cancelación

La llamada ‘cultura de la cancelación’ ha irrumpido en el debate público como símbolo de una nueva sensibilidad moral. Para algunos, representa una forma de justicia social en un mundo aún marcado por el racismo, el machismo o la homofobia. Para otros, se ha convertido en una amenaza a la libertad de expresión y al debate abierto. Este ensayo analiza el fenómeno desde una perspectiva crítica y equilibrada, identificando sus límites, riesgos y posibles salidas democráticas.

Ni la cultura de la cancelación es un instrumento válido de transformación social, ni la libertad de expresión puede usarse como escudo para el discurso de odio. El verdadero desafío está en construir espacios donde el desacuerdo sea posible sin miedo, y donde el respeto no implique silencio forzado.

Hay muchos ejemplos recientes de reacción colectiva de rechazo a personas, obras o discursos considerados ofensivos o discriminatorios.  “Hoy, el juicio público se hace con retuits, no con leyes”, (Jon Ronson, *So You’ve Been Publicly Shamed*; The New Yorker, 2022)

Libertad, ofensa y espacio público

La izquierda identitaria defiende la protección frente a discursos ofensivos como parte de los derechos mientras otros sectores alertan del riesgo de censura encubierta y autocensura cultural.

Hay multitud de casos recientes, como universidades donde se impide hablar a figuras controvertidas; ediciones censuradas de autores clásicos (Universidad de Chicago, Declaración sobre Libertad Académica (2015).

“La libertad no vale nada si solo protege lo que no incomoda”, (Salman Rushdie, entrevistas tras el atentado de 2022;

Odio digital y efectos reales. “La tecnología ha superado a la ética”, (Timothy Snyder, historiador).

Según el Ministerio del Interior (Informe 2023 sobre delitos de odio); la Fundación Maldita y Amnistía Internacional:

 -Las redes sociales son vehículos del odio y la polarización: racismo, homofobia, misoginia.
– Muchas veces no hay castigo real: impunidad digital y normalización del insulto.
– Existe un aumento de delitos de odio en la vida offline.

El silencio como defensa

El problema no afecta solo a famosos: cada vez más personas temen expresarse por miedo a ‘meter la pata’. Contamos con miles de ejemplos cotidianos: apodos tradicionales, bromas antiguas, palabras heredadas ahora son tabúes. El resultado es que se evita el diálogo por miedo al juicio moral instantáneo. “Nos estamos volviendo incapaces de distinguir entre lo ofensivo y lo violento”, (Fourest).

*vid Caroline Fourest, *Generación ofendida*; artículos de opinión en El País y El Mundo (2023).

¿Alternativas a la cancelación?

Cancelar no transforma estructuras: sólo genera satisfacción simbólica y reforzamiento de identidades. Necesitamos pedagogía del diálogo, justicia discursiva y normas comunes en el espacio público.

Además, los algoritmos premian el conflicto: likes y retuits sustituyen al debate y “La libertad de expresión es demasiado importante para dejarla en manos de los algoritmos”, (Garton Ash).

*Vid: Timothy Garton Ash, *Free Speech*; Centro de Estudios de Ética Aplicada (Universidad de Oxford).

La cultura de la cancelación, lejos de corregir desigualdades profundas, ha multiplicado la polarización y el miedo.

Frente a eso, no podemos refugiarnos en una libertad sin límites, ni aceptar el silenciamiento como forma de virtud. Necesitamos un nuevo marco democrático de conversación: basado en el respeto, la claridad y la voluntad de entender antes de condenar.

La desafección solo se combate con escucha real, no con escraches digitales ni dogmas ideológicos.

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Los nuevos feminismos

Desde su origen como movimiento de emancipación basado en la igualdad jurídica y política, el feminismo ha atravesado profundas transformaciones. Lo que comenzó como una lucha contra la subordinación legal de las mujeres ha evolucionado en múltiples corrientes, algunas centradas en la redistribución material, otras en el reconocimiento simbólico, y otras aún más centradas en la subjetividad y la identidad.

Este artículo explora cómo esta evolución, lejos de consolidar una agenda común, ha generado una fractura interna no solo dentro del feminismo, sino también en su relación con las fuerzas de izquierda que históricamente lo apoyaron.

La expansión del feminismo hacia agendas identitarias fragmentadas ha producido una creciente desafección en sectores de la izquierda tradicional, que perciben el abandono del eje material de clase en favor de reivindicaciones simbólicas menos universales. La falta de proyecto común y la desconexión con la base trabajadora han debilitado tanto al feminismo como a la izquierda.

Breve evolución del feminismo: del sufragio a la fragmentación
  • Feminismo ilustrado (siglo XVIII): basado en la igualdad racional. Mary Wollstonecraft exigía que las mujeres fueran tratadas como sujetos políticos.
  • Feminismo sufragista (siglos XIX–XX): centrado en derechos políticos básicos (voto, propiedad, educación).
  • Feminismo de la segunda ola (años 60–80): centrado en la igualdad laboral, sexual y familiar. Simone de Beauvoir, Betty Friedan.
  • Feminismo de la tercera ola (años 90): énfasis en la diferencia, lo cultural, lo subjetivo y lo queer.
  • Feminismo contemporáneo (siglo XXI): proliferación de enfoques: decolonial, interseccional, transfeminismo, ecofeminismo, etc.

(Celia Amorós, Amelia Valcárcel; Judith Butler (*Gender Trouble*); Silvia Federici)

Diversidad interna del feminismo actual

El actual feminismo está actualmente fragmentado. Citando algunas categorías:

  • Feminismo igualitario: centrado en la redistribución y la ciudadanía universal. Inspirado en el feminismo liberal e ilustrado.
  • Feminismo de la diferencia: centra su crítica en el patriarcado como estructura simbólica y cultural.
  • Feminismo queer: desafía la idea misma de género binario. Judith Butler.
  • Feminismo radical: cuestiona el orden sexual como base de dominación. Andrea Dworkin, Monique Wittig.
  • Feminismo interseccional: incorpora raza, clase, sexualidad.

Feminist Theory: From Margin to Center*.

Esto nos lleva a reflexionar que, como advierte Martha Nussbaum (Las fronteras de la justicia) “cada identidad reclama su feminismo, pero se pierde el horizonte común”.

La izquierda ante la fragmentación feminista

Parte de la izquierda clásica percibe que la agenda feminista actual se ha vuelto excluyente o ajena a la clase trabajadora.

El énfasis simbólico (lenguaje, representaciones, microviolencias) se considera alejado de los problemas materiales (paro, vivienda, cuidados).

Daniel Bernabé: “El relato identitario ha roto el bloque popular. Ha convertido la política en suma de minorías en competencia.

Críticas internas: Amelia Valcárcel ha advertido del riesgo de banalización del feminismo por causas particulares.

Bernabé, *La trampa de la diversidad*; Valcárcel en El País (2022); Fundación Rosa Luxemburgo.

Reacción social y desafección popular (“Cuando la izquierda olvida la realidad cotidiana, otros la ocupan con odio”, afirma Owen Jones)

En sectores populares crece el rechazo a discursos que se perciben como elitistas, abstractos o ajenos. “Feminismo de élite” o “feminismo institucional” son expresiones usadas para deslegitimar demandas reales por su forma de expresión o su desconexión.

La derecha y la ultraderecha han sabido capitalizar esta desafección con eslóganes simples y eficaces.

Jones, *Chavs: la demonización de la clase obrera*; CIS, barómetro 2023; Fundación FOESSA.

El feminismo, como movimiento político, debe recuperar su vínculo con la justicia social y la universalidad si quiere mantener su legitimidad. Fragmentado, desbordado por agendas que a veces compiten entre sí, necesita reencontrar un equilibrio entre reconocimiento e igualdad material. La izquierda, por su parte, debe dejar de instrumentalizar el feminismo como marca ideológica y asumirlo como parte de un proyecto coherente de transformación. Solo entonces podrá volver a articular un bloque popular amplio, sin exclusiones ni jerarquías de sufrimiento.

 

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CANAL DENUNCIAS

Aspectos claves de canal denuncias

Aspectos claves de canal denuncias
Aspectos claves de canal denuncias

En este artículo vamos a explorar qué es la Ley 2/2023 de 20 de febrero de Protección al Informante, los aspectos claves del canal denuncias y su finalidad.

Los canales de denuncias internas en las empresas surgen a raíz de la aparición en EEUU del denominado Whistleblowing.

Esta obligación, que llega a Europa con posterioridad, implica que todas las empresas, a partir de un determinado tamaño, dispongan de un canal de comunicación interna que permita a empleados, becarios, proveedores u otros denunciar actividades ilegales, infracciones normativas etc., en el lugar de trabajo.

Ley 2/2023 de protección al informante

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, representa un avance significativo en el marco legal español en cuanto a la protección de los whistleblowers o informantes.

Esta ley, que transpone la Directiva Europea de Whistleblowing (2019/1937), busca proteger a todas las personas que denuncien corrupción o fraude y violaciones de la legislación de la UE y del ordenamiento jurídico interno mediante el establecimiento de canales de comunicación protegidos y la prohibición de cualquier represalia contra ellos.

A través del canal se puede denunciar cualquier conducta contraria a la ley así como a la normativa interna de la empresa. Así, pueden denunciarse desde posibles actuaciones que atenten contra la salud pública, hasta la sanidad animal, contrataciones públicas irregulares, abusos laborales, blanqueo de capital, acoso sexual, fraude, irregularidades con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, entre muchos otros posibles delitos que no deberían quedar impunes.

Finalidad de la Ley 2/2023

La ley tiene un doble objetivo: por un lado, proteger de manera efectiva a los informantes de posibles represalias, garantizando que puedan reportar infracciones sin temor a consecuencias negativas; y por otro lado, promover una cultura de transparencia y cumplimiento normativo dentro de las organizaciones, tanto públicas como privadas.

Esto se traduce en un fortalecimiento de las infraestructuras de integridad y en el fomento de la comunicación como herramienta para prevenir y detectar amenazas al interés público, contribuyendo así a una sociedad más justa y transparente.

Aspectos Clave.

  1. Ampliación del Ámbito de Protección: La ley extiende la protección a un rango amplio de comunicaciones, abarcando diversas infracciones que pueden ser reportadas sin temor a represalias.
  2. Obligatoriedad de Canales de Denuncia: Se establece la obligación para entidades de más de 50 trabajadores de implementar canales internos para la recepción de denuncias, garantizando la confidencialidad y la seguridad de los informantes, así como a otras organizaciones y entidades establecidas en la propia Ley. 
  3. Protección y Derechos de los Informantes: La ley enfatiza la necesidad de tramitar las denuncias de manera efectiva, respetando una serie de garantías y derechos mínimos para los informantes, incluyendo la protección contra represalias.
  4. Integración de Canales de Denuncia: Se requiere que todas las entidades integren sus canales de denuncia en un sistema único interno, asegurando una gestión adecuada y eficiente de las comunicaciones sobre posibles infracciones.
  5. Anonimato: La ley permite y fomenta que las entidades admitan denuncias anónimas, facilitando así que los informantes puedan reportar sin miedo a ser identificados.
  6. Creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (A.A.I.): Esta autoridad tendrá un papel crucial, con competencias sancionadoras y responsabilidades en la gestión del canal externo de denuncias, apoyo a los informantes, entre otras funciones.
  7. Revelación Pública: La ley contempla la posibilidad de que los informantes hagan públicas las infracciones en ciertos casos, legitimando la divulgación cuando se cumplan determinadas condiciones.
  8. Responsabilidad Organizativa: Se impone la obligación de designar a un responsable del sistema de información interno, asegurando la correcta gestión y seguimiento de las denuncias.
  9. Medidas de Protección Asistencial: Además de prohibir las represalias, la ley prevé medidas de apoyo a los informantes, que pueden incluir asistencia financiera

La Ley 2/2023 establece por tanto un marco robusto para la protección de los informantes, abarcando un amplio espectro tanto en su ámbito material como personal de aplicación. Este enfoque integral es crucial para fomentar un entorno en el que individuos se sientan seguros al reportar infracciones, contribuyendo así a una mayor transparencia y rendición de cuentas dentro de las organizaciones y en la sociedad en general.

 

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Retos de la LOPIVI

RETOS LOPIVI
RETOS LOPIVI

Los retos de la LOPIVI (Ley Orgánica 8/2021 ) en entornos educativos y de ocio plantean demandas cruciales en la protección integral de la infancia y la adolescencia. La implementación efectiva de la Ley Orgánica 8/2021 requiere un enfoque proactivo y un cumplimiento riguroso para garantizar un entorno seguro y propicio para el desarrollo de nuestros jóvenes.

En la última década, la violencia contra los menores, los trastornos de salud mental y las conductas suicidas se han incrementado de manera alarmante, representando un desafío crucial en nuestra sociedad. Este fenómeno, catalogado como «nueva pandemia» o «tsunami» en constante crecimiento, ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de abordar las problemáticas asociadas a esta nueva realidad de niños y adolescentes.

Estas preocupantes tendencias, que incluyen entre sus causas el acoso, el ciberbullying, delitos telemáticos… y otras múltiples formas de violencia, requieren una acción coordinada por parte de todos los implicados en la educación de nuestros menores de edad.

En este contexto, el entorno educativo se ha posicionado como un espacio crítico en la identificación y prevención de comportamientos nocivos entre los menores. El impacto negativo de la violencia y el acoso escolar se ha convertido en un desafío de gran relevancia, con un impacto directo en la salud emocional y psicológica de los estudiantes. Asimismo, el incremento del ciberacoso ha planteado nuevas formas de agresión y violencia que requieren una respuesta urgente y eficaz.

De manera paralela, el sistema educativo ha reconocido la necesidad de promover la salud mental entre los estudiantes, no solo enfocándose en el aprendizaje académico, sino también en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales.

En este sentido, la implementación de la figura del Coordinador de Bienestar y el Delegado de Protección, establecida por la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), ha adquirido una relevancia sin precedentes. Estas figuras son fundamentales en la adopción de medidas preventivas para abordar situaciones de abuso y violencia, así como en la detección temprana y la resolución eficiente de casos problemáticos.

A pesar de la importancia de estas medidas legislativas, es evidente que su implementación enfrenta numerosos desafíos y retos. Los retos de la LOPIVI no son pequeños. La falta de asignación de recursos y la ausencia de un compromiso y estructura pueden contribuir a dejar a los menores en una posición vulnerable. Se requiere una formación especializada, un enfoque proactivo y la dotación de medios, tanto por parte de la Administración como de las propias organizaciones que trabajan com menores, para la implementación de estas figuras, ya que la LOPIVI, además de ser de obligado cumplimiento debe transformarse en una realidad que respalde y proteja a la infancia y la adolescencia en todos los ámbitos de su vida. 

La protección de nuestros menores es una tarea esencial y un reflejo de nuestra responsabilidad como sociedad. Debemos comprometernos de manera decisiva a salvaguardar su bienestar, su salud mental y su seguridad, establecer un entorno que fomente la empatía, el respeto y la protección integral de nuestros niños y adolescentes, proporcionándoles un camino seguro hacia un desarrollo saludable y equilibrado.

 

CIVIS DATA, especialistas en cumplimiento de la LOPIVI

Es responsabilidad y obligación normativa de todas las organizaciones y entidades que trabajan con niños y adolescentes garantizar un entorno seguro y protegido para su desarrollo.

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